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Sutitución y erradicación de cultivos de coca


Erradicación forzada, esto es lo que el Ejército colombiano hace en las zonas con cultivos de coca que no están incluídas en el acuerdo de sustitución que firmó el gobierno con las FARC- EP. Según el mismo presidente Santos, para este año, deberán erradicar al menos 50 mil héctareas de cultivos de esta forma. Otras 50 mil serán erradicadas por medio de los programas de sustitución acordados.

Esta erradicación forzada se hace con glifosato, sustancia que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígena y peligrosa para la salud. Ya no se asperja en el aire, por medio de avionetas fumigadoras; pero la fuerza pública que debe hacer la tarea de acabar con los cultivos va con bombas manuales para fumigar o las arrancan de raíz. En enero de este año, según el periódico El Espectador;  “se realizó un plan piloto en 800 hectáreas en los departamentos de Nariño y Chocó, con el fin de determinar protocolos para el cuidado de la salud y el medio ambiente en las zonas donde se utiliza el herbicida”. Nos preguntamos si de dicho plan realmente resultó que las fumigaciones manuales no producen enfermedades en la población.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de lo que este herbicida pueda ocacionar en la salud de las poblaciones que cultivan coca como medio de subsistencia en este país con condiciones inhumanas e indignas; nos preocupa sobremanera el hecho de que  la mitad de hectareas que piensan erradicar este año que va corriendo, sea hecha de manera forzada y dejando a los campesinos en la miseria. Para estos miles de campesinos que dejarán sin forma de sustento no hay planes de sustitución, ni subsidios para generar pequeñas empresas de producción o sueldo de un millón de pesos por un año.

En el departamento del Chocó no hay un acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, así que toda la erradicación que se hace es forzada.  Bajo el marco del punto 4 de los Acuerdos de La Habana, los campesinos recibirían algunos beneficios por erradicar voluntariamente los cultivos, sin embargo, a estas alturas, en los medios de comunicación se escuchan denuncias frecuentes por parte de los campesinos cocaleros porque el gobierno sí está en plan de acabar con los cultivos, pero de los beneficios, nada. De hecho, el 10 de abirl de este año, salió un artículo en El Espectador, en el que se pone de facto una denuncia: “Los campesinos denuncian incumplimientos del gobierno en planes de sustitución de cultivos ilícitos, pero las autoridades sostienen que las manifestaciones responden a presiones de narcotraficantes, dueños de unas 3.000 hectáreas en el sector, que les arriendan los predios y les compran la colecta.

'Las familias cultivadoras, que por décadas han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de coca, amapola y marihuana, no por gusto, sino forzadas por el abandono estatal que han sufrido sus territorios, no somos narcotraficantes', señaló COCCAM, quejándose de que las autoridades destruyan sus siembras”.

En cuanto al proceso de erradicación forzosa, el 9 de enero fue publicado un artículo en El Tiempo digital en el que planteaba que la estrategia está basada en la conformación de cuatro Centros Estratégicos Operacionales (CEO), que cubren 11 departamentos donde se concentra el 91 por ciento de las matas de coca.

“Los centros de operaciones cuentan con la presencia de la Policía, el Ejército y funcionarios encargados de dar a conocer a los campesinos las ventajas y compromisos de los programas de sustitución
Así, cuando los cultivadores de matas de coca no acepten o los narcocultivos estén en zonas inhóspitas, la fuerza pública adelantará la erradicación forzosa de los mismos. Bajo esa figura fueron priorizados este año 26 municipios de 6 departamentos”.

Suponemos pues, que los cultivos en el occidente, específicamente en el Chocó, son catalogados como “zonas inhóspitas” y por lo tanto la fuerza pública es la encargada de acabar con la coca.  En el Río San Juan han estado llegando en helicóptero dichos erradicadores de la fuerza pública, los llevan a las zonas donde deben hacer su trabajo, y los recogen, no uno, sino varios días seguidos. Nos preguntamos pues, si el dinero que gasta el Estado en este proceso, no sería mejor invertido en obras de tipo social para la gente, es sustitución pero con reales beneficios.

Concluímos que lo que estamos viviendo con este tipo de situaciones y otras más de miseria e indignidad para la gente no es paz, sino guerra. Violencia estatal disfrazada de “progreso”. Le siguen quitando los únicos medios de subsistencia a la clase empobrecida para que la oligarquía continúe explotando y subyugando.

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